Desde las listas públicas de pederastas hasta las persecuciones a micrófono y cámara descubierta de presuntos maltratadores, en España nos hemos ido acostumbrado a convivir, con cierta naturalidad y sin vergüenza, con las manifestaciones más pornográficamente atentatorias contra la dignidad del ser humano.Abierta la veda, encendida la llama, dado el aviso, no se hace necesario esperar (¿para qué?) a la lectura objetiva de un juez, al análisis pausado de un tribunal, o a la comprobación meticulosa de una denuncia. Y, cumplida la pena, más de lo mismo: la penitencia hay que pagarla a base de medidas, registros, pulseras, estigmas y fotografías. De aquí a la eternidad, como decía la película.
Nos aterraba, hace algunos años, la absoluta naturalidad con la que algunos administradores públicos de justicia inculpaban, acusaban y procesaban al prójimo, cobardemente parapetados en imprecisas querellas, subjetivas sospechas y poco comprobados indicios. ¡Bendito temor! Hoy son las televisiones, o los periódicos, o las radios, las que, a través de sus programas y sus intrépidos reporteros, reparten justicia y orden entre los sufridos e ignorantes ciudadanos.
El estropicio vital y personal que supone un ingreso en prisión es el coste necesario -y quizá inevitable- que un Estado de Derecho moderno debe asumir en beneficio del mantenimiento de la seguridad ciudadana, el respeto a las víctimas, la consecución de unos mínimos parámetros de prevención, y el suficiente aseguramiento, o tratamiento, de los impúdicos delincuentes. Pero esa es, o debería ser, la solución extrema -y la consecuencia última-, de un proceso riguroso y profundo de comprobación de hechos y culpabilidades y de determinación de responsabilidades. La pena no lleva aparejada otras humillaciones extraordinarias ni otros estigmas añadidos. Y el inicio del proceso tampoco debería llevarlos.
Algún día, los criminólogos mediremos el impacto moral y psicológico que tiene el hecho de que se conozca públicamente que alguien ha sido denunciado por abuso sexual, que ha sido imputado en un delito de maltrato, o que ha sido procesado por desviar fondos públicos en beneficio propio. Y, obviamente, me refiero al impacto sobre individuos que finalmente fueron absueltos del delito de abuso, del delito de maltrato o de los delitos de prevaricación y cohecho. Me refiero a individuos que, con la inexplicable e injustificable colaboración de nuestros tribunales (¡el TSJM hace una nota pública!), vieron mancillar su honor, enterrar su buen nombre y sufrir el odio y la persecución mediática de los justicieros de turno.
“Sí, sí… pero algo haría” ese pobre desgraciado, junto con los condenados que cumplieron su pena y arrastran la rueda de molino de la irrecuperabilidad y la segura reincidencia, para que sus hijos, sus vecinos y sus compañeros de trabajo les miren ya, y para siempre, como apestados, como a nuevos leprosos, como a infraseres incapaces de adquirir o poseer cualquier tipo de honor o dignidad.
