la libertad de expresión como aperitivo

Una de las ventajas de trabajar como profesor universitario consiste en tener acceso directo e inmediato al conocimiento que, sobre las más variadas disciplinas, poseen y cultivan muchos de mis colegas.

Hace unas cuantas jornadas, me vi envuelto en la enésima tertulia en la que se discutía sobre si debía entenderse la libertad de expresión como un medio para contribuir a la mejora de la sociedad, o si, al contrario, debía entenderse como un derecho esencial del individuo, no sometido a valoración de utilidad ni positiva ni negativa.

Si el hombre vive en sociedad -se argumentó-, sus derechos y libertades deben tener como principal límite los derechos y libertades de los demás. No tendría lógica jurídica que tuviera que respetarse el derecho de un individuo a, por ejemplo, proclamar su deseo de exterminar un colectivo, y no reconocer igualmente el derecho de cualquier individuo de ese colectivo a no vivir con esa "amenaza". En este sentido -se concluía-, si ya nadie cuestiona que la libertad de expresión tiene, entre otros límites, los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen ¿cabría decir que vale más el honor de una persona que su necesidad de vivir sin la espada de la amenaza encima?

Tratándose de la protección penal de derechos fundamentales la cosa se complica. Fuera de los casos evidentes de apología, ¿cuándo comienza la amenaza social que permite limitar el ejercicio del derecho individual?, ¿cuando se niega el Holocausto?, ¿cuando se porta una bandera?

¿Usted qué opina?

sólo niños

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Alcobendas ha determinado que los golpes sufridos durante dos años por un alumno del colegio Suizo de Madrid, propinados por una parte de sus compañeros, no constituyen acoso escolar (bullyng) y, consecuentemente, tampoco generan responsabilidad civil subsidiaria ni del colegio ni de los padres.

El del acoso escolar es un tema complejo y delicado. No son pocos los alumnos que tienen que sufrir en sus propias carnes el maltrato físico y psicológico de buena parte de sus compañeros, víctimas también -aunque de otra manera- del desamparo educacional e intelectual de padres irresponsables, y de las motivaciones testosterónicas y primitivas de medios de comunicación inmorales y monetariamente insaciables. Mirar hacia otro lado -como hasta no hace mucho hacíamos con la violencia doméstica-, o pretender disminuir la gravedad de los supuestos -como se sigue haciendo con el problema de la inmigración ilegal o, como ejemplo absolutamente distinto, con los delitos societarios-, no es la solución. Pero pretender utilizar exclusivamente el Código Penal para reprimir comportamientos de niños malcriados de agresividad deshinibida tampoco parece la solución idónea.

El Código Penal, en su artículo 173.1, castiga al que "infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral", y, respecto a la responsabilidad civil, es aplicable el artículo 61.3 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores ("Cuando el responsable de los hechos sea un menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres (...) y guardadores"), junto con el 1903.5 del Código Civil (que permite demandar como responsables civiles a los titulares de centros docentes de enseñanza por los daños y perjuicios derivados de delitos y faltas cometidos por los menores de edad "durante los períodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del centro") y el art. 120.3 del Código Penal (que señala como responsables civiles subsidiarios a "las personas naturales o jurídicas, en los casos de delitos o faltas cometidos en los establecimientos de los que sean titulares (...))".

Esperemos a leer la sentencia detenidamente. Ojalá sirva para tranquilizar la sorpresa que nos produce, prima facie, un fallo tan aparentemente desolador.