Es peligroso, o políticamente poco correcto, reflexionar críticamente sobre ciertas actuaciones de nuestras Fuerzas de Seguridad.
Pero la verdad es que, en muchas ocasiones, el rol social asignado a estos individuos pasa a convertirse en parte de su personalidad, y las manifestaciones más contingentes y banales de su quehacer (pedir la documentación a los viandantes, formar parte de un control aleatorio de tráfico) se convierte en la esencia y único objetivo de su existencia.
Imagino que, gran parte de las veces, ese tipo de comportamientos viene motivado, al cincuenta por ciento, por órdenes más o menos expresas de sus superiores (dirigidas a imponer el mayor número de multas o, al menos, llegar a un mínimo) y por las películas de policías (que a la mínima encienden la sirena, disparan, y hablan muy seria y despectivamente al personal), pero lo cierto es que últimamente empieza a ser un lugar común haber tenido alguna mala experiencia con la guardia civil, la policía nacional, la autonómica o la local.
La ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado exige que la actuación de estos funcionarios venga siempre dirigida por los principios de racionalidad, congruencia, oportunidad y proporcionalidad (art. 5.2), pero, lamentablemente, esto no es siempre así. Detener a toda costa (¿es congruente iniciar una persecución, en dirección contraria, para detener a un automovilista que ha cometido una infracción?), identificar a todo el mundo (¿tienen algún sentido la petición indiscriminada de documentación a los montañeros que acuden de excursión a la sierra?), parapetarse para multar desorbitadamente a todo aquél ingenuo que haga un giro prohibido, o cachear al personal armado hasta los dientes, son simples ejemplos -excepciones, dirán algunos- de comportamientos exagerados, absurdos e incluso podría decirse que ilegales.
Detener delincuentes, poner a buen recaudo a matones, violentos y asesinos, impedir que nuestras carreteras se conviertan en circuitos de fórmula uno, o asegurar la paz en los barrios periféricos y en las urbanizaciones más alejadas de las ciudades son misiones importantes, necesarias, y que sólo ellos saben y pueden hacer. Los que algunas veces los hemos necesitado, sabemos de su profesionalidad y rigor en estas ocasiones. Pero confundir la Seguridad y el Orden Público con la absurda pertinacia en el multar, con la persecución al manso y al inocente, y con el ejercicio peliculero y despótico de su misión, es mucho confundir.
¿O no?
Pero la verdad es que, en muchas ocasiones, el rol social asignado a estos individuos pasa a convertirse en parte de su personalidad, y las manifestaciones más contingentes y banales de su quehacer (pedir la documentación a los viandantes, formar parte de un control aleatorio de tráfico) se convierte en la esencia y único objetivo de su existencia.
Imagino que, gran parte de las veces, ese tipo de comportamientos viene motivado, al cincuenta por ciento, por órdenes más o menos expresas de sus superiores (dirigidas a imponer el mayor número de multas o, al menos, llegar a un mínimo) y por las películas de policías (que a la mínima encienden la sirena, disparan, y hablan muy seria y despectivamente al personal), pero lo cierto es que últimamente empieza a ser un lugar común haber tenido alguna mala experiencia con la guardia civil, la policía nacional, la autonómica o la local.
La ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado exige que la actuación de estos funcionarios venga siempre dirigida por los principios de racionalidad, congruencia, oportunidad y proporcionalidad (art. 5.2), pero, lamentablemente, esto no es siempre así. Detener a toda costa (¿es congruente iniciar una persecución, en dirección contraria, para detener a un automovilista que ha cometido una infracción?), identificar a todo el mundo (¿tienen algún sentido la petición indiscriminada de documentación a los montañeros que acuden de excursión a la sierra?), parapetarse para multar desorbitadamente a todo aquél ingenuo que haga un giro prohibido, o cachear al personal armado hasta los dientes, son simples ejemplos -excepciones, dirán algunos- de comportamientos exagerados, absurdos e incluso podría decirse que ilegales.
Detener delincuentes, poner a buen recaudo a matones, violentos y asesinos, impedir que nuestras carreteras se conviertan en circuitos de fórmula uno, o asegurar la paz en los barrios periféricos y en las urbanizaciones más alejadas de las ciudades son misiones importantes, necesarias, y que sólo ellos saben y pueden hacer. Los que algunas veces los hemos necesitado, sabemos de su profesionalidad y rigor en estas ocasiones. Pero confundir la Seguridad y el Orden Público con la absurda pertinacia en el multar, con la persecución al manso y al inocente, y con el ejercicio peliculero y despótico de su misión, es mucho confundir.
¿O no?
1 comentario:
Comparto el comentario, desgraciadamente entre el 60 y el 70% de las actuaciones de nuestras
fuerzas de seguridad son represivas y sobre todo con actuaciones recaudatorias ( se justifica el servicio y después a despistarse ), lo digo con conocimiento de causa( hermano, primo, cuñado y amigo de funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado ).
Veamos como se actuá normalmente:
1º.- Llama a una fuerza de la autoridad ( generalizo )y di que están robando en tu domicilio ( capacidad de respuesta, según los funcionarios de servicio, que conste que no digo que al FINAL no acudan).
2º En el mismo caso que el punto anterior, llama diciendo que estaba un ladrón violando tu domicilio ,has disparado y crees que lo has matado( en cinco minutos, 4 coches de policia, 2 ambulancias, los alrededores cortados, sirenas al máximo, posiblemete se nos añada algún político para la foto.... !que capacidad de reacción!)
Me pregunto ? que alguien me explique como debo hacerlo, sin son los mismos funcionarios para el mismo caso.
JUAN DE DIOS DE BAILEN
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