sentencia 419/2009

Poco o nada que objetar a la sentencia de la Audiencia Provincial sobre el crimen de Francisco Javier Palomino. Asesinato por un lado, tentativa de homicidio por otro, y lesiones constitutivas de falta como tercer comportamiento punible.

Chocan cierto lenguaje decimonónico (“los hechos declarados probados no constituyen (…) un delito de imprudencia con resultado de muerte”), propio de la sistemática y estructura del Código Penal de 1973, pero inadecuado para referirse al tipo de homicidio imprudente consagrado en el artículo 142 del actual Código Penal, así como el sospechoso tufillo a “corta y pega” que destilan algunas de las citas jurisprudenciales y dogmáticas del texto, pero hay que reconocer que la sentencia se deja leer y que se agradece su tono didáctico y su estilo ameno, características cada vez menos abundantes entre los escritos de nuestros jueces.

No estoy de acuerdo con la naturaleza (sí con su apreciación) que se le otorga a la agravante de “cometer el delito por motivos racistas (…) u otra clase de discriminación referente a la ideología (…) de la víctima”, que en este caso permite elevar la pena del asesinato desde los quince hasta los diecinueve años. Contrariamente a lo sostenido en la Sentencia, no creo que se trate de una circunstancia que “se fundamente en la mayor culpabilidad del autor por la mayor reprochabilidad del móvil que impulsa a cometer el delito” (planteamiento que supondría una concepción subjetiva de la culpabilidad hoy totalmente superada), sino más bien que nos encontramos ante una agravante cuasi objetiva, que hunde sus raíces en la punibilidad, y que se fundamenta en los motivos político-criminales (muchas veces contingentes y de utilidad) que nuestro legislador ha considerado oportunos en un momento histórico determinado. Considerar, por ejemplo a la hora de cometer un asesinato, que uno u otro móvil puede ser más o menos reprochable, o más o menos comprensible, supondría una peligrosa confusión entre derecho y moral, y una forma de alejarnos del derecho penal del acto para acercarnos al derecho penal de autor.

No resulta del todo justificado el rechazo frontal con el que la sentencia se ventila la existencia de un miedo insuperable, al menos en su modalidad vencible. Las circunstancias detalladas en los antecedentes de hecho, el lugar del suceso y la reacción del condenado en los momentos inmediatamente posteriores a la ejecución del delito, deberían haber aconsejado al juzgador un razonamiento más riguroso y argumentado (dogmática y jurisprudencialmente) sobre su inaplicación. Tampoco son de recibo algunas afirmaciones -como la que tacha, gratuita e innecesariamente, de “vileza y cobardía” la conducta del agresor-, si bien otras rezuman sensibilidad y cierta sabiduría (hablando de la víctima, se llega a decir que actuó movido por la “impulsividad propia de su adolescencia”).

Pequeñas discrepancias, en definitiva, y todas leves. Una lectura más pausada del texto quizá descubriera nuevas disensiones, o, tal vez al contrario, corrigiera las hasta ahora mantenidas. El tiempo, y ustedes, dirán.

las putas no existen

No es cuestión de volver otra vez sobre la prostitución y su más que posible y aconsejable regulación, pero noticias como la que ahora enlazo dan mucho que pensar.

¿Se imaginan a los policías entrando en el burdel? “Por favor, señoritas, sigan con lo que están. No se alteren. Esto no va con ustedes.” Y calmando, de paso, a los extrañados clientes: “Tranquilos señores, no pasa nada. Continúen en la cama. No es necesario que se vistan ni que se quiten el disfraz. Enseñar la documentación no es imprescindible. Repito: enseñar la documentación no es imprescindible” Y, mientras tanto, varias patrullas bajando a toda prisa hacia la peluquería clandestina y pidiendo la documentación a la joven que está haciendo una permanente o a la que está terminando de poner un tinte. “Usted, la que parece ser oficiala: no se mueva. Y diga a su jefe que baje aquí inmediatamente”. Y el jefe, por cierto, también quedaría bastante extrañado, cuando, oyendo entrar a la pasma en su cutre y destartalado club de alterne, y procurando esconder condones, direcciones de clientes y toallitas higiénicas debajo del escritorio, oye que el poli entra en su despacho y le dice: “Entrégueme todos los permisos de trabajo de sus peluqueras y sus inscripciones a la seguridad social”. “¿Peeeerdone… de quién?”. “¡De todas sus peluqueras! ¡Y no se haga el tonto!”.

Y ya saliendo, la cosa puede ser incluso peor. “Usted, caballero, ¿a dónde va?”. “¿Yo? Pues aquí, a ver si me acuesto con alguna chica”. “Bueno, pase, pase. ¡Pero mucho cuidado con tratase de cortar el pelo: podría ser acusado de colaboración en un delito contra los derechos de los trabajadores!”

mentiras arriesgadas

A pesar de que las estadísticas oficiales dicen lo contrario, la opinión generalizada entre los criminólogos españoles es que la delincuencia en nuestro país sigue aumentando paulatinamente. Y no me refiero al complejo problema de la percepción de la seguridad en relación con la realidad delictual. Me refiero a que los datos que se ofrecen, elaborados desde el poder, adolecen muchas veces de graves errores y omisiones (cuando no de interesadas matizaciones, correcciones u ocultamientos), y que se basan principal y casi exclusivamente en las noticias (verdaderas, falsas, corregidas, dirigidas, exactas) aportadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Cualquier especialista independiente y riguroso sabe que las estadísticas en cuanto a delitos cometidos, por un lado, y causas abiertas, por otro, no coinciden. Las cifras de la policía difieren de las de la Fiscalía y de las del Poder Judicial, y en todo caso se olvidan de estudiar la cifra negra de criminalidad, que permitiría ver cuál es el porcentaje real de los delitos que se comete pero que no se denuncia.

Hay veces que lo que se tiene en cuenta son los atestados y las denuncias (que muchas veces se superponen y que otras tantas acaban resultando falsas o repetidas, o no llegan a pasar nunca a la fase sumarial), otras veces se parte del número de detenidos (que no tiene por qué corresponder al número de delitos cometidos), y otras se atiende a las causas abiertas o las sentencias impuestas (olvidando que un mismo caso puede pasar por varias instancias, o que un sujeto puede ser condenado en primera instancia pero absuelto por un tribunal superior). Ha habido años en los que las cifras de causas abiertas por nuestros tribunales (según sus estadísticas) superaban la cifra de delitos cometidos, según los datos de las Fuerzas de Seguridad.

Las cifras oficiales beben exclusivamente de la información que llega a la policía y de los delitos que terminan en juicio. Pero nada más. Es habitual, en este sentido, citar el caso de Canadá y Sudáfrica: según las cifras oficiales, la tasa de delitos por cada 100.000 habitantes es menor en Sudáfrica que en Canadá. Pero eso no significa que Canadá sea más peligroso. De hecho, al estudiar el número de homicidios y asesinatos (que deben declararse obligatoriamente y del que tienen noticia las Fuerzas de Seguridad en un cien por ciento de los casos) se pone de manifiesto que Sudáfrica muestra uno de los índices más altos del mundo, en tanto que el de Canadá es muy inferior. ¿Contradictorio? No; los llamativos resultados obedecen a que la policía canadiense está más informada (llegan a su conocimiento más delitos) que la sudafricana (en un país con una cifra negra de delitos desorbitada y cuya policía sólo interviene en caso de delitos especialmente graves, que son los únicos que llegan a su conocimiento).

Según el último informe publicado por el Ministerio del Interior, la tasa de encarcelamiento se sitúa en España en 166 reclusos por 100.000 habitantes, por delante de Gran Bretaña (153) -que siempre había encabezado la lista- Portugal (104), Francia (96) e Italia (92). Y, sin embargo, la tasa de criminalidad (infracciones penales por cada mil habitantes), resulta ser una de las más bajas de entre los quince países más desarrollados de Europa. Según el MI, la relación del año 2008 la encabezan Suecia (120,4) y el Reino Unido (101,6), mientras que en España la tasa se sitúa en un mero 47,6, por delante sólo de Grecia (41,2), Portugal (37,2) e Irlanda (25,2).

¿Es creíble que Grecia o Portugal tengan una tasa de criminalidad tan llamativamente inferior (¡menos de la mitad!) a la de Suecia?, ¿puede deducirse de este informe que en España encarcelamos a demasiados ciudadanos, y que la mayoría de nuestras prisiones están ocupadas por personas inocentes y sujetos poco peligrosos? ¿No sería más lógico pensar que el número de reclusos por habitante -número difícilmente manipulable- habla más y mejor del índice de delincuencia que los datos -confusos y contradictorios- relativos a los delitos cometidos?

Y eso por no hablar de la manipulación no ya de los datos sino de la información en sí misma. El balance sobre criminalidad que publica el Ministerio comienza asegurando que “la delincuencia se reduce un 1,9% por la caída de los principales delitos y faltas”, para añadir a continuación, si bien ya en letra pequeña y sin alarde tipográfico alguno, que los asesinatos han sufrido un repunte con respecto a 2007 (pasando de los 985 a los 1019), que los delitos relacionados con la pornografía infantil también experimentan un espectacular aumento (de 677 a 1131), y que los robos con fuerza en vivienda se elevan hasta alcanzar niveles anteriores a 2003 (entonces ¿a qué se refiere el Ministerio cuando dice que descienden los principales delitos, si los homicidios, asesinatos y robos aumentan desproporcionadamente?).

Datos, cifras y estadísticas que separan poco el grano de la paja, y que, repito, sin recurrir a los necesarios y complementarios estudios sobre cifra negra y sobre eficacia policial (mucho más clarificadores, pero normalmente muy poco complacientes con el gobierno de turno), sólo consiguen trasmitir una imagen distorsionada, y muchas veces falsa, de la realidad delictual de nuestro país.