Interesantes artículos de contenido penal últimamente en la prensa. El primero, del Catedrático de Derecho Mercantil Ignacio Arroyo, sobre las posibles responsabilidades penales que se derivan del "caso Madoff". El segundo, de mi colega de la UNED Alicia Gil Gil, a cerca de las consecuencias que el cierre de la cárcel de Guantánamo puede tener sobre los países susceptibles de ser receptores de sus presos (en este caso, España). Y el tercero y el cuarto, artículos ambos del Catedrático de la UCM Enrique Gimbernat, que se dedican a comentar político-criminalmente las próximas reformas (o, mejor dicho, proyectos de reforma) del vigente Código Penal.
De todos los temas hemos hablado en clase, especialmente del aumento de punitividad que anuncia el legislador y de las inabarcables consecuencias que, sobre la competencia de los tribunales españoles, tiene el actual art. 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por lo demás, me pregunto si el sistema podría -podrá- aguantar una propuesta como la que plantea Ignacio Arroyo. O si, por el contrario, la permisividad más o menos explícita de supuestos como el "caso Madoff" constituye el coste que dicho sistema está dispuesto a asumir para asegurar su propia subsistencia.
De todos los temas hemos hablado en clase, especialmente del aumento de punitividad que anuncia el legislador y de las inabarcables consecuencias que, sobre la competencia de los tribunales españoles, tiene el actual art. 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por lo demás, me pregunto si el sistema podría -podrá- aguantar una propuesta como la que plantea Ignacio Arroyo. O si, por el contrario, la permisividad más o menos explícita de supuestos como el "caso Madoff" constituye el coste que dicho sistema está dispuesto a asumir para asegurar su propia subsistencia.
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