cadena perpetua

El debate sobre ciertas instituciones de naturaleza jurídica parece haber perdido hoy en día parte de su fundamento, y las últimas tendencias en la materia apuntan a meras y dialécticas discusiones sobre el envoltorio formal de las mismas. Se lleva más averiguar, por ejemplo, si una institución, prohibición o principio es o no constitucional, que plantearse, científica y rigurosamente, su necesidad, su utilidad o sus consecuencias. Son tiempos epidérmicos, en los que los textos legales se retuercen a conveniencia del consumidor, y pareciera que los especialistas no son más que sofistas, prestidigitadores de la cosa legal, capaces de sostener una opinión y su contraria.

Ahora se ha vuelto a poner de moda el debate sobre la cadena perpetua, su necesidad y, en último caso, su presunta inconstitucionalidad, y a este respecto me gustaría hacer unas brevísimas reflexiones previas.

En primer lugar, recordar que, desde Ferri, pocos se han atrevido a discutir ya sobre la relativa carga preventiva de las penas de prisión. El binomio “a más pena menos delitos” no se sostiene científicamente, y entre los criminólogos es ya un lugar común afirmar que las penas no se dirigen a los delincuentes (poco motivables, o, al menos, no susceptibles de motivación conforme a la elemental amenaza de una improbable/futurible pena), sino, precisamente, a los que no delinquen.

En segundo lugar, llamar la atención sobre la falta de certeza en los juicios de peligrosidad y prognosis de futuros comportamientos delictivos. Los pronósticos criminológico-clínicos, con alcanzar en ocasiones altos grados de fiabilidad, no dejan de ser previsiones no seguras, que en muchos casos no se cumplen o son de difícil comprobación.

Y en tercer lugar, repetir que toda política criminal decente y rigurosa tiene que partir de ciertos principios insoslayables, asentarse en unos basamentos sólidos, que deberían permanecer ajenos al debate circunstancial, puntual y mudable, de las modas, los acontecimientos y los intereses más o menos ilegítimos. La apuesta por la vida, por ejemplo, o por la libertad, o por el respeto indiscutible por la dignidad del hombre, tienen unos costes que los ciudadanos (y las posibles víctimas) deberían asumir prima facie, y que sólo tienen sentido en aras de apuntalar el modelo de sociedad en la que se desea vivir.

Una Derecho penal justo es aquél que resulta proporcional, rápido y cierto. La eficacia de un Derecho penal así concebido, tanto para la satisfacción de la víctima como para la constatación de lo que puede o no puede hacerse, es mucho mayor que cualquier pena severa y excesiva. La certeza de que la pena, proporcional a la medida de la culpabilidad, se va a aplicar con rapidez y contundencia, resulta un medio indiscutiblemente más preventivo que cualquier aviso futuro e incierto de daño o sanción.

Otra cosa, y eso sí que debería ser materia de debate, la constituye el plantearnos hasta qué punto son ciertas, contundentes y rápidas las penas en España, así como los procesos a través de los cuales se imponen. Y con qué rigor se aplican las sanciones, y qué medios se utilizan para, respetando la dignidad del reo, comprobar la idoneidad del futuro comportamiento en libertad de éste. Y cuáles son los medios con los que cuenta el Estado para perseguir el delito, o detener al delincuente, o disminuir las posibilidades de delinquir. O cuál es la apuesta, si es que la hay, por el tratamiento y la resocialización del delincuente… más allá de los talleres de manualidades y la enseñanza de jardinería.

El debate formal debe esperar. Sin una reflexión previa, seria y rigurosa (no parcial y plana) sobre la esencia y fundamento de la criminalidad y el delito, su fenomenología, su etiología y su tratamiento, resulta gratuito discutir sobre la eventual legalidad o la presunta inconstitucionalidad de la cadena perpetua. Es más, después de esa reflexión, quizá dicho debate resulte ya innecesario.