BÁCULO Y GUÍA PARA MANEJARSE DECENTEMENTE POR LA MITOLOGÍA PENAL CONTEMPORÁNEA

domingo, 5 de diciembre de 2010

crimen y castigo

El personal va delinquiendo por ahí, tan panchamente, y nadie le dice nada. Unos abusan del Derecho a su antojo, parapetándose en un corporativismo agresivo, decimonónico y maloliente, que les hace invisibles a la Autoridad; otros trapichean con los dineros públicos, disfrazándose de políticos, o de comerciantes de la política, mientras la Justicia mira para otro lado; y los hay también que se habitúan tanto a la cosa criminal, que hasta los vigilantes de la Ley y el Orden hacen la vista gorda, o el dontancredo, para seguir cobrando o para no molestarse con lo aparentemente irremediable. Son buena gente, empresarios modélicos, funcionarios ejemplares, comerciantes abnegados, profesionales de éxito (tienen hasta oposición)… ciudadanos normales y corrientes que al hacer de ese aparentemente imperceptible comportamiento criminal su particular modus vivendi, se han olvidado de la naturaleza delictual de sus actos y han hecho que nuestros jueces, nuestros policías y nosotros mismos también nos olvidemos.

Desde el 24 de diciembre de 1964, fecha en que se aprobó la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea, se castiga severamente -como reos de sedición- a "los empleados de aeropuertos que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en (…) el aeropuerto, en actitud de protesta o desobediencia coactiva (...)". Y desde hace décadas también, sabemos que si su actitud es continuada y persistente, pueden ser detenidos por las Fuerzas de Seguridad del Estado y puestos inmediatamente a disposición judicial.

¿Por qué, entonces, no se ha hecho nada hasta ahora, en los casos de abandono masivo y concertado de su puesto de trabajo por parte de los controladores aéreos? ¿No ha habido, quizá, dejación de funciones por parte de la Autoridad?, ¿o ha sido más bien prevaricación, por interés o por ignorancia?. ¿Por qué, aplicando también la Ley -aunque sea la común, que es el Código Penal, y que es la única que parece verdaderamente aplicable- no se hace con otros colectivos de delincuentes invisibles, otros estafadores transparentes, especializados bien en el menudeo con el dinero de los demás, bien en la maquinación para alterar el precio de las cosas, cuyo comportamiento criminal, egoísta y ambicioso, pede tener consecuencias, en millones de euros, infinitamente mayores que las que ahora se deberán ventilar?

Hoy es fácil preguntárselo, a toro pasado y con los aviones en el aire, pero ¿hacía falta declarar el Estado de Alarma para poner a esta gente en condiciones de cumplir la Ley?, ¿era necesario, incluso, el recurso al Derecho penal? Paradójicamente, cuando nuestro país goza de tasas de libertad y progreso nunca antes alcanzadas, parece que es cuando más nos reconfortan las actitudes ejemplarizantes, contundentes, violentas y militarizadas (por muy discutibles o controvertidas que sean), que se nos antojan las únicas capaces de satisfacer nuestros legítimos intereses. Y es que lo que realmente da miedo del Real Decreto 1673/2010 no es la pena por los delitos de sedición, desobediencia, u omisión de los deberes de ayuda a la navegación que -ahora, supuestamente, de naturaleza militar- puedan cometer los controladores aéreos; ni son las responsabilidades civiles o disciplinarias que puedan derivarse de sus incumplimientos lo que preocupa. Lo verdaderamente acongojante, lo que hiela la sangre a unos y entusiasma a otros, es que te pueda acabar deteniendo un militar. Que un par de Guardias Civiles, o un retén de soldados, llegue al chalet del interfecto, pregunten por él a su mucama, y lo detengan a punta de pistola delante de sus vecinos.

O quizá sea que todo es un cuento, que el Estado de Derecho no existe, que las vías legales tradicionales (denuncia, demanda, querella, juicio, pena, multa, sanción) no sirven para nada, que cada uno campa por sus respetos sin importarle normas jurídicas o éticas, y que, como decían nuestros abuelos, aquí solo se funciona a toque de corneta o a golpe de bastón.

Cadena perpetua revisable para todos, delincuentes y no delincuentes, ya.

1 comentario:

Albatros. dijo...

Lo que ha tratado la medida tomada por el gobierno es ser rápida y contundente.Está legislada.
Seguro que hay otros cauces, pero son más lentos, y cómo apuntas, probablemente no bien conocidos por la panda de analfabetos que nos gobiernan.
Los jueces en España, cómo la mayoría de los trabajadores públicos, trabajan con poca motivación, a lo que hay que añadir, una carga de trabajo excesiva, poquísima informatización, instalaciones anticuadas,... .La comunicación entre ellos es nula.En fin un desastre.
Este desastre conviene al gobierno y por eso hace tan poco por mejorar el sistema.

Dicho esto,no me parece mal una medida extraordinaria de este porte para sofocar una rebelión de 50 trabajadores que ganan mucho más que el 99.5 % del resto de la población y paralizan el espacio aereo de España.